Carta de Amnistia Internacional al Presidente Felipe Calderón sobre desaparecidos en Nuevo Laredo.

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Residencia Oficial de “Los Pinos”
Casa Miguel Aleman
Col. San Miguel Chapultepec
México D.F, CP 11850

27 de junio 2011

Sr. Presidente:

Amnistía Internacional se dirige a Ud. en su rol de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Mexicanos para expresarle nuestra honda preocupación por los reportes de una serie de presuntas desapariciones forzadas de personas en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, por elementos de la Marina Mexicana entre el 1 y 5 de junio 2011.

Según la información recibida por Amnistía Internacional, que incluye las declaraciones de testigos e imágenes fotográficas, por lo menos seis hombres fueron detenidos en operativos realizados por miembros de la Marina en esas fechas. En cuatro casos, las personas fueron detenidas en sus casas después de un allanamiento por elementos uniformados de la Marina a bordo de vehículos oficiales. En uno de los casos la familia siguió al convoy militar que llevaba al detenido hasta la base militar en Villa Hidalgo, estado de Coahuila.

En ninguno de los casos los miembros de la Marina presentaron orden de aprehensión o explicaron el motivo de la detención pero interrogaron a los familiares sobre su supuesta posesión de armas y drogas, causaron daños a sus pertenencias en sus hogares y se llevaron objetos personales y dinero.

Los familiares solicitaron auxilio en la presidencia municipal y acudieron a
la base militar, pero hasta el momento ninguna autoridad ha reconocido su participación en las detenciones o ha proporcionado información a los familiares acerca del paradero de las seis personas.Sus nombres son: José Fortino Martínez Martínez, José Cruz Díaz Caramillo, Joel Díaz Espinoza,
Martín Rico García, Diego Omar Guillen Martínez y Usiel Gómez Rivera.

Los familiares han presentado quejas detalladas ante la Procuraduría General de la República (PGR),ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ante organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y han interpuesto un recurso de amparo ante el Juzgado Cuatro de Distrito en el
Estado de Tamaulipas. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de esas gestiones ha permitido establecer el paradero de los detenidos. Es de notar que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha informado que ha recibido información sobre otros ocho casos en que familiares han denunciado la detención ilegal de sus parientes por parte de miembros de la Marina desde el principio de junio, pero dado el temor de represalias han decidido no presentar quejas oficiales.

El 15 de junio de 2011, Amnistía Internacional escribió al Secretaría de la Marina (SEMAR), pero no hemos obtenido respuesta hasta el momento.1 En la misma fecha escribimos a la PGR que nos ha informado de la apertura de una averiguación previa pero sin más detalles sobre las diligencias realizadas. En ambas comunicaciones Amnistía Internacional insistió en la obligación de SEMAR y la PGR de proteger la vida y la integridad física de los detenidos y de investigar inmediatamente las presuntas violaciones de los derechos humanos.

A pesar de la evidencia presentada por las familiares y testigos de la responsabilidad de la Marina en las detenciones, SEMAR ha negado terminantemente su participación. Según los familiares y defensores de derechos, la averiguación previa abierta por la PGR no ha resultado en una investigación a fondo para establecer el destino de los desaparecidos o diligencias para identificar los oficiales involucrados.

El Amparo demandado por los familiares sólo ha resultado en el desconocimiento de los hechos por parte de la Secretaría de la Marina. A casi cuatro semanas de la fecha de la primera detención, la falta de progreso en las investigaciones y la continua desaparición de los afectados arroja graves dudas sobre la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar un recurso efectivo a las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares.

Sr. Presidente, el gobierno que Ud. preside ha reiterado frecuentemente su compromiso con los derechos humanos y la garantía de que su política de seguridad pública, que incluye el uso de las Fuerzas Armadas, nunca recurrirá a las violaciones de derechos humanos con el fin de combatir la delincuencia. Amnistía Internacional reconoce la situación compleja de seguridad pública en el paísdonde se registra altos niveles de violencia y presencia de crimen organizado. El Estado tiene el derecho y el deber de mantener el orden público y combatir el crimen organizado pero esto nunca puede justificar el uso o tolerancia de violaciones de derechos humanos como la desaparición forzada.

La desaparición forzada es una de las violaciones más graves de los derechos humanos. México como parte de la Convención Interamericanas sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la
Naciones Unidas está obligado a cumplir con estas normas del derecho internacional de los derechos humanos. Aprovechamos esta oportunidad de recordarle del Artículo 6 de la última Convención, el cual señala que:

1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para considerar penalmente responsable por lo menos:

a) A toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en la misma;

b) Al superior que:
i) Haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente;
ii) Haya ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que el
delito de desaparición forzada guardaba relación; y
iii) No haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.”

Esta serie de presuntas desapariciones forzadas por parte de las fuerzas de seguridad en Nuevo Laredo constituye un cuadro alarmante de graves violaciones de derechos humanos, que pueden constituir crímenes de lesa la humanidad. Sr. Presidente, en tanto como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas a Ud. le incumbe la responsabilidad última de las acciones de la Marina en el cuadro del combate del crimen organizado. Por consiguiente le pedimos que tome medidas urgentes para establecer el paradero de las personas detenidas en Nuevo Laredo y asegurar una investigación
inmediata e imparcial por parte de las autoridades civiles para llevar ante los tribunales los responsables por estas violaciones de derechos humanos. De igual importancia es la necesidad de girar órdenes presidenciales de forma clara y pública en el sentido de que la detención ilegal y la desaparición forzada no serán toleradas por ningún elemento de las Fuerzas Armadas y otras fuerzas de seguridad en México.

En espera de su respuesta quedo de Ud.

Muy atentamente,

Salil Shetty
Secretario General

cc. José Francisco Blake Mora, Secretario de Gobernación
cc. Procuradora Marisela Morales Ibañez, Procuradora General de la República, Procuraduría General
de la República
cc. Almir. Mariano Francisco Saynez Mendoza, Secretario de la Marina
cc. Dr. Raúl Plascencia, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
cc. Ministro Alejandro Negrín Muñoz, Director General de Derechos Humanos y Democracia, Secretaría
de Relaciones Exteriores