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La desaparición forzada en Veracruz

Jueves 5 de abril de 2018, por Hasta encontrarlos

Análisis / miércoles 4 de abril de 2018

Cuando se habla de los excesos en que habrían incurrido exfuncionarios de la administración de Javier Duarte en Veracruz generalmente el tema termina en los desvíos de recursos, en los miles de millones de pesos que “desaparecieron” de las cuentas gubernamentales, y en actos similares de corrupción. Sin embargo hay un tema que es tan o más grave aún que el robo de recursos: la desaparición forzada.

La desaparición forzada es “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”, de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”.

Es un tema, el de la desaparición forzada, que significa un verdadero infierno para los familiares de las personas desaparecidas y en ello habrían incurrido excolaboradores del pasado gobierno estatal.

Al iniciar febrero del presente año, por ejemplo, se informó que la procuraduría veracruzana abrió 124 carpetas de investigación por la desaparición forzada de más de 200 personas de 52 municipios de la entidad.

Trascendió, de igual manera, que ese delito fue cometido por parte de elementos de la policía estatal.

El pasado 15 de febrero los medios informativos consignaron la vinculación a proceso de 19 integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, entre ellos se encontraban el extitular de dicha dependencia, Arturo Bermúdez Zurita, considerado como un inamovible en el gabinete de Javier Duarte; el exdirector de penales, Óscar Sánchez Tirado, y el exdirector de la Fuerza Civil, Roberto González Meza, al igual que otros 19 exelementos de la corporación.

Todos ellos estarían vinculados a casos de desapariciones forzadas en Veracruz.

De forma más reciente el pasado 3 de abril otros dos exfuncionarios, éstos de la Fiscalía General del Estado, fueron capturados por el mismo delito.

En un operativo desarrollado en la zona de la avenida Araucarias, en Xalapa, elementos de la Policía Ministerial echaron el guante al exdirector de Servicios Periciales y a la exdelegada regional de la Policía Ministerial en la capital veracruzana, Gilberto Aguirre y Carlota Zamudio, quienes fueron internados en Pacho Viejo.

Se trata de excolaboradores del exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras, a quienes se señala por haber participado, presuntamente, en el ocultamiento y alteración del hallazgo de los cuerpos localizados en el punto conocido como La Barranca de la Aurora, en Emiliano Zapata, municipio conurbado con Xalapa que alberga las instalaciones de la Academia Estatal de Policía de El Lencero.

Ese lugar, La Barranca de la Aurora, es donde habrían sido arrojados las víctimas de desaparición forzada, al menos 19 personas, en enero de 2016.

Ese, decía, ha sido un verdadero calvario para las familias de cientos de personas desaparecidas durante la administración de Javier Duarte, que pasará a la historia como la peor y la más corrupta de Veracruz.

Lo importante, a fin de cuentas, es que el combate a la corrupción, a la impunidad y a la delincuencia que operaba desde el gobierno estatal no se limita a las acusaciones y denuncias por desvíos de recursos, sino que se extiende a otros ilícitos igual o más graves que el robo de recursos públicos. En esos temas, por cierto, la fiscalía estatal ha logrado un destacable avance.

@luisromero85


Ver en línea : https://www.diariodexalapa.com.mx/a...

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