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Carta a la Autoridad

Lunes 24 de febrero de 2025, por Hasta encontrarlos

Carta a la Autoridad

21 de febrero del 2025
Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez
Secretaria de Gobernación

Alejandro Gertz Manero
Fiscal General de la República

Sara Irene Herrerías Guerra
Titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH)

May Gómez Jiménez
Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada

Mireya Lemus Mondragón
Agente del Ministerio Publico de la Federación y jefa de supervisión.

Sandra Ivette Ibarra Sánchez
Agente del Ministerio Publico de la Federación

Las y los integrantes del Comité Internacional de Solidaridad (CIS) con los familiares y organizaciones acompañantes del caso de desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez hacemos de su conocimiento que:

Hemos recibido con mucha preocupación información por parte de Nadin Reyes Maldonado, Margarita Cruz Sánchez, sus representantes jurídicos y organizaciones acompañantes sobre la actual situación en el caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca.

Ante ello manifestamos lo siguiente:

Tenemos conocimiento que se han realizado 15 reuniones de la Comisión Especial de Búsqueda (CEB), derivadas de la sentencia del amparo en revisión 51/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La primera reunión realizada en noviembre del 2022 y la próxima, la cual ocurrirá el 21 de febrero del 2025.

A dos años de la conformación de la CEB y a casi 18 años de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel nos han notificado que se continua sin conocer el paradero real de las víctimas de desaparición forzada.
Respecto al derecho a la justicia y al derecho a la verdad y dentro de éstos el derecho a una investigación expedita e imparcial, así como la sanción a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición forzada, que recae fundamentalmente en la Fiscalía General de la República, vemos con suma preocupación que no se han tenido avances sustanciales para garantizar tales derechos establecidos, de manera general, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como de manera concreta en la sentencia de Amparo en revisión 51/2020 promulgada por la SCJN.

Entre los actos de investigación (32 actos pendientes) y acciones no realizadas se encuentran:
Solicitar la comparecencia del entonces gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz García, por ser el superior jerárquico del Ex Procurador de Justicia del Estado de Oaxaca Evencio Nicolás Martínez Ramírez.
Solicitar órdenes de aprehensión, bajo el artículo 28 de la Ley General contra la desaparición forzada, en contra de, por lo menos, 10 funcionarios del estado de Oaxaca que vieron en instalaciones gubernamentales a Edmundo y a Gabriel el 25 y 26 de mayo del 2007.

Solicitar órdenes de aprehensión a los testigos que han incurrido en falsedad de declaración y que han cambiado sus testimonios para proteger a otros funcionarios implicados en la detención desaparición, así como realizar una investigación para saber si los recursos económicos que poseen corresponden a sus salarios como funcionarios públicos.

Solicitar diversas órdenes de cateo en diversos domicilios gubernamentales y particulares donde se presumen estuvieron o pudieran estar Edmundo y Gabriel.

La detención de Evencio Nicolás Martínez y de Pedro Hernández, prófugos de la Justicia desde hace 5 años por su responsabilidad directa en la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel. Desde hace 5 años no se ha creado un grupo especial, con capacidades humanas y técnicas para su búsqueda y detención. Lo cual ha sido una petición en múltiples ocasiones en el marco de las reuniones de la CEB por parte de las víctimas indirectas Nadin Reyes Maldonado y Margarita Cruz Sánchez.

La renuencia y, en una ocasión, la negativa de la MP de participar activamente en las diligencias de reconocimiento, argumentando que éstas son acciones de búsqueda y no de investigación.

La negativa de la titular Sara Irene Herrerías Guerra, Titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), de May Gómez Jiménez, Titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y de Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República de asistir a las reuniones de la Comisión Especial de Búsqueda, a pesar de las reiteradas peticiones por parte de las víctimas indirectas.

Incluso la titular Sara Irene Herrerías Guerra, Titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) ha manifestado a las víctimas y sus representantes de que sólo si se hacen las reuniones de la CEB en la FGR podría estar presente.

Ante la negativa de la SEDENA de entregar los informes de inteligencia militar sobre la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel, así como el no dar información específica o mentir sobre los operativos militares que se realizaron en el contexto de la desaparición forzada, la MPF sólo se ha limitado a dar por recibidas las respuestas de la SEDENA sin recurrir a los medios legales a su alcance para que la SEDENA proporcione lo que se le ha solicitado.

A pesar de que la MPF asumió el cargo a principios de 2024, no se registran avances sustanciales en el cumplimiento de la sentencia de la SCJN lo cual, a juicio de las víctimas y sus representantes, con lleva a una situación de desacato de la sentencia de la SCJN.

Incluso lo poco que se ha hecho como la declaración de personas que no lo habían hecho luego de más de 15 años, ha sido gracias a los familiares que han aportado nueva información y han solicitado a la MPF para que tome las declaraciones. Preocupa que nuevamente la carga de la investigación y aporte de pruebas recaiga en las familias y no en las autoridades ministeriales.

Para nuestra sorpresa, la MPF parece desconocer que decenas de familiares mexicanos han participado legal y activamente en el reciente 1º Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas (DF) realizado en Ginebra -Suiza- a mitad de enero pasado, junto con otros 600 familiares del mundo; este evento demostró que el foco de la debida búsqueda de las víctimas de (DF) se centra en el trabajo conjunto y coordinado de funcionarios del Estado y familiares de dichas víctimas, dirigido a un idéntico objetivo, esto lo mencionamos ante el hecho de que la MPF está tratando de que las víctimas y sus representantes jurídicos no estén presentes en las declaraciones de exfuncionarios públicos bajo el argumento de que por Ley no les corresponde estar, siendo que las víctimas son coadyuvantes del MPF y no sólo es legal su presencia sino es su derecho como víctimas. Tema que también generó por parte de la representación jurídica de las víctimas una queja a las autoridades competentes en contra de la MPF por desacato de la sentencia de la SCJN.

En general nos preocupa la falta de una respuesta adecuada por parte del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representada por la SEGOB en las reuniones de la CEB, para dar cumplimiento con la sentencia de la SCJN y con ello presentar con vida a Edmundo y a Gabriel y sancionar a los responsables de esta grave violación a los derechos humanos.

Por último, como las familias de Edmundo y de Gabriel han señalado reiteradamente, ya son casi 18 años de que la FGR ha garantizado la impunidad a los perpetradores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel, no ha contribuido a que se conozca la verdad de los hechos y ha revictimizado a las víctimas directas e indirectas.

Por lo que, las personas integrantes del Comité Internacional de Solidaridad (CIS) con los familiares y organizaciones acompañantes del caso de desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, solicitamos de manera respetuosa y formal que la FGR cumpla a cabalidad con lo que dicta la sentencia de la SCJN y actúe en concordancia con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Por el Comité Internacional de Solidaridad (CIS)

María Adela Antokoletz, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora - Argentina y a nombre de las organizaciones de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) - Latinoamérica.

Mary Aileen Bacalso, Presidenta Honoraria de la Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas – Filipinas

Monserrat Fenosa, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura Catalunya-España (ACAT) - España
Malena Silveyra, Liga Argentina por los Derechos Humanos – Argentina

Federico Tatter, Hijo de Federico Jorge Tatter Morinigo (detenido desaparecido en Argentina el 15 de octubre de 1976) - Paraguay

Pablo Cala, representante legal de la Fundación Hasta Encontrarlos – Colombia

Bertha Oliva de Guifarro, Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)- Honduras

Gregorio Dionis, presidente del Equipo Nizkor - Bélgica

Fernando Arturo López Antillón, Abogado internacional España/Guatemala/México
Beatriz Torres Abelaira, Responsable General del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América CAMeNA- México

James Patrick Jordán, integrante de la Alianza por la Justicia Global. EUA

Jasmin Hristov, Socióloga e investigadora de la Universidad de Guelph – Canadá

Por los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez

Nadin Reyes Maldonado

Eduwiges Margarita Cruz Sánchez

Por las organizaciones acompañantes:

Comité Cerezo México
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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